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Parece ser que el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana propone sancionar con un mínimo de 1.000 euros la tenencia de drogas ilegales o su consumo en espacios públicos. También suprime el tratamiento (exitoso) de deshabituación como alternativa al pago de la multa y endurece la persecución del autocultivo (de cannabis u otras sustancias).

La cosa pinta magra para quien consume o lleva. El país que dentro del panorama internacional tenía unas políticas bastante avanzadas, parece que toma otro rumbo…

Tenéis un resumen realizado por el Ministerio del Interior del anteproyecto aquí.

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